Revuelta agraria (2):  cadena de valor, cadena de poder

Afirmo en mi anterior publicación que el fracaso que ha dado lugar a la revuelta agraria de estos días es colectivo porque creo que todos los implicados en el devenir del sector agroalimentario lo hemos hecho regular, empezando por los propios agricultores y ganaderos y siguiendo por la Administración, la política, la industria, la distribución y el mismo periodismo, agroalimentario o no.

Entre todos tendremos que buscar también las soluciones, una vez identificado el problema y sus múltiples y complejas causas. No las hay rápidas ni absolutas. Pero tampoco son imposibles ni están alejadas de la mano de unos y otros. Si el problema es viejo y lleva casi 50 años provocando movilizaciones y quebraderos de cabeza, también es largo el tiempo en que muchas mentes preclaras han ido haciendo aportaciones útiles y marcando caminos sensatos para buscar respuestas eficaces.

A esos caminos nos referiremos a continuación.

¿Una cadena de valor justa?

Viene a ser la gran reivindicación del campo y en esta última revuelta agraria, desde luego, la bandera más agitada. La reclamación de los agricultores da a entender que, como la cadena de valor no es justa, ellos no reciben lo que se merecen mientras que otros (la distribución, sobre todo) se llevan la parte gorda de manera desleal. La diferencia de precios que se puede ver en algunos casos desde la producción hasta la venta final parece sostener esta afirmación, pero, en este y otros sectores, ¿desde cuándo las cadenas de valor son justas?

Otro famoso vicepresidente [¡sí que dan juego las vicepresidencias!] diría aquello de “es el capitalismo, amigo”. Expresión que puede resultar repulsiva porque viene a justificar las desigualdades cuando no a esconder algo peor. Pero expresión, al fin y al cabo, que nos pone en situación: estamos en un sistema de libre mercado en el que los negocios son legales o ilegales, incluso éticos o no, pero… ¿justos?

El libre comercio siempre sitúa a unos por encima de otros y no siempre por su méritos, desafortunadamente. Es injusto a la vez que legítimo. Los poderes públicos deben velar por que no sea la ley de la selva la que impere en el mercado, pero ¿hasta dónde intervenir?

Imagen de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay

Fijar precios mínimos, que es una de las reclamaciones, supondría un intervencionismo inusitado, cuando menos. Generaría, además, otros problemas: ¿qué pasaría, por ejemplo, en los años de grandes cosechas?, ¿quién se las comería si la ley de la oferta y la demanda estuviera estrangulada y no tuviera capacidad para regular el mercado?, ¿los propios productores al no encontrar compradores? ¿Y quién podría ser productor? Porque con precios prefijados y sin riesgo empresarial por este lado a muchos les podría apetecer. ¿Se establece un sistema de licencias, de autorizaciones administrativas, de cuotas? En definitiva, ¿queremos otro campo abonado para la especulación, que no para la actividad agraria?

Aunque fuera posible desde un punto de vista normativo, y ahí está Competencia para poner su muro, la complejidad técnica de mantener un sistema de precios mínimos en un sector tan volátil en tantos aspectos se antoja tan complicado que casi merece más la pena empezar por otro sitio. Por aquí no hay solución.

Dicho lo cual, la Administración también debería saber que permitiendo la situación actual del campo no se defiende al consumidor, pues cuando el beneficio es tan magro la calidad se resiente, el medio rural se despuebla y la búsqueda de economías de escala conduce a sistemas productivos como los de las macrogranjas, que todavía tienen que demostrar su utilidad social y su inocuidad medioambiental. Calcúlese el coste de todo ello, porque caerá sobre el bolsillo de la ciudadanía.

Transparencia y lealtad

No, la distribución no tiene la culpa de todo. Ya hemos visto que son varios los factores que se combinan para impedir que los agricultores y ganaderos puedan vivir simplemente de su trabajo. Pero las cadenas de híper y supermercados no son ajenas a la situación que se vive en el campo.

Entre ellas hay guerra de precios (lo que le gusta a Competencia) y en esa guerra pierden terceros. Su posición dominante favorece que puedan obtener beneficios en ámbitos no propios de la cadena alimentaria, como el financiero, aunque ahora este ya no sea tan interesante como antes. Esos ingresos extraalimentarios, así como los volúmenes que manejan, les permiten apretar sus márgenes y constreñir así los precios, con lo que envían hacia el origen una presión que los eslabones inferiores no tienen más remedio que aceptar para seguir en la partida.

Para la industria, tener un hueco en las estanterías de estos mastodontes es un sueño dorado, así que asume las condiciones que le vienen “impuestas”, sea vía precios, vía promociones, vía marca blanca u otras. En ocasiones ni siquiera se obtienen ganancias, pero tampoco se pierde (todo está muy medido) y se salvan las cuentas del ejercicio. ¿A qué precio? El paso de los años lo dirá.

Desde ese escalón, la tensión sigue descendiendo. Si la industria no gana, no puede pagar bien. Y si esta es una cooperativa, no liquida bien a sus socios, que aguantan porque están acostumbrados a aguantar.

Por otro lado, lo de la venta a pérdidas no es un mito. Hay pruebas, hay denuncias y hay sanciones. Lo más dañino en este caso quizá no sean las consecuencias económicas directas para los productores, pero las indirectas son demoledoras, porque consolidan la idea de que la comida está regalada y los consumidores establecen pautas automáticas de consumo en las que no se contempla pagar bien por comer bien.

Muchos se preguntarán por qué, entonces, los agricultores pasan por el aro y venden. Porque la PAC les compensa estas pérdidas. ¿Quién se beneficia, por tanto, de las ayudas de la PAC? Pues, entre otros, todos los que compramos alimentos a un coste inferior al que tendrían si no fuera por esas subvenciones.

No, la distribución no tiene la culpa de todo lo que se le achaca y es cierto que se ha convertido en el chivo expiatorio de este embrollo, pero tan cierto como que sus prácticas, favorecidas por su posición dominante en la cadena de valor, tampoco son todo lo leales que deberían ser con el resto de los integrantes de esta.

Por cierto, lo que le ocurre es en buena medida consecuencia de su falta de transparencia. Eso siempre se acaba pagando.

Desde las organizaciones de este sector se habla a menudo de la necesidad de articular un sistema agroalimentario coordinado y en el que todo el mundo sea consciente de que forma parte de un ecosistema donde el principal interés debe ser el general. Es buen punto de partida, pero requiere, sí, un ejercicio de autocrítica. El mismo que debe realizar el resto de la cadena de valor antes de señalar con el dedo a los demás.

Por aquí sí hay solución

Si en la cadena de valor agroalimentaria los precios se marcan de arriba abajo y no al revés, es porque el poder está en los de arriba, que han sabido (quizá lo tenían más fácil) jugar, entre otras, las bazas de la concentración.

La concentración y el poder dimanante de esta permite a la distribución obtener rentas que no solo llegan de su aporte de valor, sino de su posición dominante, no solo sobre el sector primario, sino también sobre la industria y determinados servicios. Son beneficios que, como dicen los agricultores, podrían pertenecer a otros eslabones de la cadena… si en ellos hubiera capacidad para obtenerlos.

Desde la producción no será posible ganar posiciones y poder si la producción no conquista espacios en los eslabones siguientes, sean intermedios o finales. Cultivar patatas en pequeñas o medianas explotaciones y de una forma indiferenciada nunca será un buen negocio. El mercado no paga commodities; si acaso, especula con ellas.

Ahora bien, si la patata se almacena para comercializarla en el mejor momento posible, si se fríe y se mete en una bolsa o si se vende directamente, por ejemplo, ya estamos hablando de otra cosa, ganando posiciones en la cadena de valor.

Así que evitar los posibles abusos de quienes tienen poder dominante y ganar posiciones en la cadena de valor son dos vías de trabajo interesantes para las que, como se decía en la entrada anterior, ya hay herramientas:

  • Ley de la Cadena Alimentaria. Fue un hito importante en la política agraria de este país, un tanto que se apuntó el ministro Arias Cañete y un modelo de regulación (antiselva) que la Unión Europea está tratando de adoptar. No es perfecta, tiene fisuras, no ha acabado con la venta a pérdidas ni con esa vergüenza que es la venta a resultas y que tanto daño está haciendo a los fruticultores, pero es un buen instrumento. Se habla estos días de mejorarla para impedir o minimizar los abusos o las prácticas lesivas para el campo. A ver si es verdad.
  • Ley de Integración Cooperativa. Del mismo ministro. Era una iniciativa necesaria y debería jugar un papel nuclear frente al problema de los precios. En este caso, la pelota está sobre todo en el tejado de los agricultores y sus organizaciones. Tienen que adoptar mirada de negocio y no de producción y ser capaces de salir de su espacio de confort para asumir el reto y el riesgo de crear estructuras de transformación y comercialización capaces de hablar el lenguaje del mercado. Apelar al establecimiento de un precio mínimo es apelar al paternalismo clásico de la Administración, que es el que ha hecho débil al sector; apostar por la unión en torno a estas estructuras es apostar por la autosuficiencia, que es lo que hará fuerte al sector. Pero para ello es clave que los viticultores, por ejemplo, dejen de pensar que su negocio es cosechar uva y asuman la visión de que su negocio es vender vino. Y así todos.
  • Segundo pilar de la PAC. Alberga un buen número de medidas pensadas para el desarrollo agroalimentario pero que no están alcanzando sus objetivos por torpezas administrativas o usos tergiversados que las convierten en inútiles. Las organizaciones de productores son un ejemplo; repiénsese todo el mundo el uso que se les está dando. La incorporación de jóvenes, de la que depende el éxito de leyes como la de integración cooperativa, también cuenta con medidas de apoyo que han sido víctimas de cierta malversación; hágase una revisión crítica de lo que unos y otros han permitido en este sentido.

Existen muchas más medidas esperando su turno para ser útiles. Parafraseando a Elisa Plumed: “creadas están, hay que ponerlas a trabajar”.

La política, agraria o no

Si de algo no se puede quejar el sector agroalimentario es de la atención que la política ha puesto en él. Puede que los diputados españoles abandonen sus escaños cuando se habla de agricultura en el Congreso, pero es bien conocido que el mayor presupuesto de la UE es el agrario y que si hay una actividad económica apoyada ininterrumpidamente por la Administración es la agraria.

La PAC, con las ayudas directas de su primer pilar, está concebida, precisamente, para compensar la secular diferencia de renta de los agricultores y ganaderos con respecto al resto de los ciudadanos. Si no lo hace es que algo en ella no funciona como es debido. Algo que todo el mundo tiene claro: el sistema de distribución de las ayudas, que no van en su totalidad a aquellos que las precisan y las merecen ni a aquello que redunda en el progreso agrario. Esto lo tiene bien estudiado el consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona.

Las ineficiencias de la política agraria europea no pueden esconderse bajo nuevas medidas de corte demagógico, como ocurre más de una vez, ni bajo peticiones de imposible (o casi) satisfacción, como es la demanda de precios mínimos que estos días protagoniza la revuelta agraria.

Terminar con esas ineficiencias requiere tino, que no siempre lo hay, y valentía, que casi nunca la hay. Puede que a la PAC haya que darle una vuelta de calcetín o puede que no tanto, pero todo el mundo, empezando por el ministerio, siguiendo por las consejerías autonómicas y terminando por las organizaciones agrarias, tendrá que dejarse pelos en la gatera si se quiere un sistema europeo de ayudas que de verdad ayude todo lo posible.

En este sentido, la estrategia nacional que en breve habrá que desarrollar será una buena prueba. Si lo que prima en ella es el famoso statu quo, que nadie se queje después.

Otra cosa son las políticas no agrarias pero con efectos agrarios, como las decisiones de geopolítica que acaban afectando al sector. Hacen bien agricultores y ganaderos en protestar y en combatirlas hasta donde les es posible. No deben dejar de recordar a los gobiernos que ellos no tienen por qué ser moneda de cambio y en este asunto toda la presión que sean capaces de ejercer será poca. Es el momento del cabildeo, de la constitución de un lobi agrario capaz de asustar a los demás poderes.

Pongámoslos a trabajar de verdad

Como se ve, instrumentos para afrontar los problemas del sector primario existen. A los citados se pueden añadir más, como las denominaciones de origen, las interprofesionales o el sistema de seguros agrarios, con el que España da lecciones al mundo.

Entre todos conforman un armazón bastante bien diseñado, solo hay que dotarlo de buena cobertura presupuestaria y técnica y de compromiso profesional para que todos estos medios “trabajen” en la buena dirección y no se desvirtúen por el camino. Por supuesto, introduciendo cuantas innovaciones sean oportunas.

No es responsabilidad ni de un ministro ni de 17 consejeros ni de un europarlamento. Lo es de todos los integrantes del ecosistema agroalimentario, empezando por los que están en el origen del mismo, cuya voluntad de progreso no debería depender de los estímulos externos que en cada momento existan. Más bien, estos últimos deberían ser la respuesta ineludible a esa voluntad.

La política tiene que intervenir; las administraciones, también; pero los agricultores han de hacerlo sin esperar a los demás. Son los que más se juegan y la cadena de valor, la cadena de poder, todavía no les ha dado la espalda del todo.

Del periodismo y la comunicación, ya hablaremos. Nunca dejamos de hacerlo.

 

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