Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por el derecho a la información y la transparencia

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) ha convocado, a través de sus asociaciones federadas y vinculadas, concentraciones en muchas ciudades españolas. Sin posibilidades de participar en la que me corresponde, a la misma hora de la convocatoria se habrá publicado esta entrada con una humilde y personal defensa del trabajo de los periodistas y de la función del periodismo, afectados gravemente, entre otras cosas, por una gran precariedad laboral. Y también, ante los evidentes problemas que encuentran en estos momentos tantos compañeros en sus labores informativas, una sencilla pero contundente reclamación de transparencia, tan necesaria para conformar una sociedad verdaderamente libre y democráticamente sana.

El derecho a la información está en la base de toda sociedad democrática. Los ciudadanos sólo pueden sentirse verdaderamente libres cuando no existen trabas a la circulación del conocimiento que, por cualquier razón, les pueda ser fundamental para su crecimiento y desarrollo como tales, puesto que únicamente disponiendo de la información necesaria pueden tomar las decisiones más convenientes a su persona.

De la misma manera, una sociedad que no tenga libre acceso a lo que ocurre en su entorno y le atañe directamente, no podrá conformarse como tal sociedad y organizarse de la forma más conveniente para su correcto funcionamiento y progreso.

En consecuencia, cualquier traba al libre flujo de información y conocimiento es un obstáculo para la democracia, que no puede considerarse tal si no cuenta con un ordenamiento legal que garantice ese libre flujo.

Es evidente que pueden existir ciertas limitaciones a la libertad de información, pero siempre deben estar fundamentadas, precisamente, en la defensa de ese desarrollo personal y social al que se aludía anteriormente. La seguridad nacional, la salud o el derecho al honor y a la propia imagen, por ejemplo, pueden estar detrás de un cierto estrangulamiento del derecho a la información, pero de una forma claramente justificada y amparada por razones muy poderosas y excepcionales.

Fuera de ello, el acceso a la información no debe sufrir oposición alguna, y esa falta de oposición es a lo que denominamos transparencia. Hay transparencia cuando un ciudadano, o un periodista en el desarrollo de sus funciones, puede hacer averiguaciones libremente y transmitirlas con la misma libertad. Cuando esto no sucede, no podemos hablar de un estado de cosas transparente.

Muchos países democráticos se han dotado de los ordenamientos jurídicos oportunos para que la transparencia informativa sea una realidad y no un mero pronunciamiento retórico. Estas leyes y normas protegen al ciudadano ante la falta de información, pero son, especialmente, un refuerzo para el trabajo de los profesionales de la comunicación. Los periodistas no son los titulares del derecho a la información, pero los ciudadanos, que sí lo son, han depositado en ellos la responsabilidad de ser la correa de transmisión entre las fuentes informativas y la sociedad. Por ello, una cultura proclive a la transparencia y su consecuente ordenamiento jurídico, son de vital importancia para la actividad periodística, puesto que de lo contrario esta no puede llevarse a cabo en el sentido democrático que la sociedad le ha otorgado.

Solemos referirnos a la prensa como ‘cuarto poder’ precisamente porque la sociedad ha depositado en ella funciones de control de los otros poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Este cuarto poder necesita de la transparencia informativa para poder ser ejercido en las condiciones en que la ciudadanía lo demanda. Cuando un gobierno o cualquier instancia de la administración pública no actúa con la necesaria apertura en materia de comunicación, la labor periodística se ve cercenada y el control social de los poderes establecidos impedido. En este caso, los ciudadanos, la libertad y la democracia salen seriamente perjudicados.

En España, a pesar de estar reconocida la libertad de información, la corta trayectoria democrática se deja ver en algunos aspectos que afectan seriamente a esta libertad. Uno de ellos es, precisamente, la falta de regulación en torno a la transparencia de las administraciones. Es esta una cuestión abordada desde hace tiempo por la mayor parte de los países desarrollados de nuestro entorno, cuyos ciudadanos y cuyos medios de comunicación tienen reconocido y protegido el acceso a lo que ocurre en el interior de sus gobiernos.

Gracias a ello han salido a la luz pública informaciones de gran relevancia social que, en ocasiones, han supuesto verdaderos escándalos. Pero no es la de generar escándalos la función de la transparencia informativa, sino todo lo contrario. Las malas prácticas de los poderes públicos proliferan gracias a la protección que reciben de las políticas oscurantistas; en la medida en que estas políticas desaparecen también lo hacen las irregularidades administrativas.

Este aspecto de la transparencia ha sido y es todavía capital en el funcionamiento de las estructuras gubernamentales de nuestro país, pues la falta de una normativa ad hoc ha estimulado comportamientos ilícitos que han conformado una sociedad desconfiada y lastrada no sólo en sus valores democráticos sino en cuestiones tan mensurables como la economía.

Es urgente, en consecuencia, una norma al respecto. El actual gobierno ya la ha anunciado y ha presentado el correspondiente anteproyecto de ley. Cuando este se sustancie en su correspondiente ley en vigor, será el momento de ver si esta responde a una verdadera vocación democrática y de defensa de la transparencia o a una simple necesidad coyuntural impulsada por la actual situación de crisis económica y de descontento y desafección social con respecto a la clase política y a los administradores públicos.

Cabe añadir, no obstante, que la finalidad última de la transparencia informativa no es tanto el control de los poderes públicos, lo cual es una consecuencia de ella, sino el de facilitar a los ciudadanos, tal y como se señalaba al principio, el acceso a la información y al conocimiento necesarios para tomar sus propias decisiones y que estas puedan ser lo más acertadas posible, lo más adecuadas posible a su desarrollo personal y como miembros de un colectivo.

De nada sirve, por ejemplo, acudir a las urnas en cada convocatoria electoral si no se conoce con un alto grado de exactitud cuál ha sido o será la forma de proceder de aquellos a los que se va a otorgar la confianza ciudadana. La falta de información, en este caso, puede conducir a decisiones equivocadas o, en todo caso, limitar el ejercicio electoral a una mera escenificación democrática sin verdadero valor en este sentido.

 

Mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova (en inglés)

 

 

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1 comentario en “Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por el derecho a la información y la transparencia”

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